La LAICIDAD es una condición. El Estado es laico a partir de la condición que le impone tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Constitución de la República, para que respete la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, así también la libertad de opinión y expresión. Estos derechos deben respetarse en lo privado y en lo público, en lo personal y en lo colectivo. El Estado, por su condición y esencia de laico, debe respetar por igual esos derechos y permitir esas libertades a todo ciudadano de cualquier confesión, sea funcionario o no, con la única exigencia que hace el artículo 29 de dicha Carta Universal: “…nuestros derechos y libertades solamente son limitados por la ley para reconocer y respetar los derechos y libertades de los demás, para satisfacer la moral, el orden y el bienestar común.” La laicidad respeta la libertad de religión.
El LAICISMO es una actitud. Cuando se dice que la sociedad en general, o cualquiera de sus instituciones o individuos en particular, debería excluir toda espiritualidad del asocio humano, está distorsionando la condición de laicidad que por sí misma no es atea ni promueve el ateísmo. El movimiento del laicismo busca “separar” la espiritualidad del asocio político, social, académico y hasta deportivo para circunscribirlo al ámbito de lo privado o de un culto dentro “de cuatro paredes”, cuando nuestro fundador, nuestro Dios y Señor Jesucristo, nos definió como sal para la tierra; como luz para el mundo. El laicismo actual es en esencia una actitud adversa hacia la espiritualidad mayoritaria y más influyente de nuestro país: mínimo 86% de la población se confiesa cristiana. Hoy en día, es posible que algunos se adhieran al laicismo por el hecho de identificarse con un trasfondo filosófico o una escala de valores distinta y contraria al Cristianismo bíblico. Siendo así, el laicismo no respeta la libertad de culto; tampoco la espiritualidad del Cristianismo.
La disposición de las Iglesias Evangélicas de apoyar la reciente moción legislativa (presentada por primera vez en el año 2000) que pretende la enseñanza de valores espirituales, morales, cívicos y otros desde la perspectiva bíblica para ayudar al sistema educativo nacional, no infringe la condición de laicidad del estado ni de la educación bajo el estado. No lo hace, en primer lugar, porque tal enseñanza sería electiva, respetando el derecho preferente de los padres de familia para escoger el tipo de educación para sus hijos, y respetando el derecho de los mismos maestros a su libertad de conciencia. En segundo lugar, no infringe la condición de laicidad porque no pretende enseñar doctrina, hacer proselitismo, ni mucho menos “condenar” ninguna otra religión. La escuela seguirá siendo la escuela; la iglesia seguirá siendo la iglesia. Un tercer lugar, no menos importante que los previos porque resume el espíritu de esta iniciativa, decimos que no hay infracción cuando se trata de contribuir a la prevención de violencia en las escuelas, y en su lugar inculcar una cultura de paz. Se trata de educar, edificar, instruir al niño en el camino que lo llevará hacia una ciudadanía respetuosa ante Dios y la patria, honesta, diligente, servicial, protectora del medio ambiente y amorosa con el prójimo.
